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Improcedencia de la ejecución forzosa de la orden de expulsión. Ciudadano de la UE

Publicado: 5 de Febrero de 2017

Dispone el artículo 15.4 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que:

En los casos en los que una resolución de expulsión vaya a ejecutarse más de dos años después de haberse dictado, las autoridades competentes deberán comprobar y valorar posibles cambios de circunstancias que pudieran haberse producido desde el momento en el que se adoptó la decisión de expulsión, así como la realidad de la amenaza que el interesado representa para el orden público o la seguridad pública.

Dicho precepto transpone lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, de idéntico contenido.

Se estima en un juzgado de orense porque del análisis del expediente administrativo, la resolución de la orden de expulsión era del año 2013. Se aplica la ejecución forzosa, cuando ya habían transcurrido más de dos años, el 7 de marzo de 2016, con total omisión del procedimiento administrativo. Se anula la ejecución forzosa, obligando a la administración a realizar las fases del procedimiento:

  • Fases de audiencia, prueba e informes para valorar las circunstancias del artículo 15.4 RD 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea.
  • A continuación, deberá dictar la Administración la correspondiente resolución, bien ratificando la orden inicial de expulsión, bien revocándola. Dicha resolución definitiva será impugnable en un nuevo proceso, independiente y autónomo de éste.
  • Se condena a la Administración al pago de las costas.

Juzgado de lo Contencioso Administrativo, nº 1 de Orense, Sentencia nº 163/2016, de 5 de septiembre de 2016.

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