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Préstamo hipotecario de Empresa. Se declara la nulidad de la cláusula suelo.

Publicado: 13 de Febrero de 2017

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGCU) y otras leyes complementarias, en su artículo 3, regula quienes son usuarios y consumidores a la hora de aplicarle su normativa. Dice el artículo 3 de la LGCU:

-          A efectos de esta norma y, sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

-          Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

A las pymes y/o empresas, en su actividad no se las considera consumidores y usuarios y, no les es de aplicación lo regulado en la Ley General para la Defensa de los Consumidores.

No obstante, las empresas también solicitan préstamos y también los bancos, les han aplicado la cláusula suelo y, pueden reclamar.

Esto ha ocurrido en Sentencia dictada con fecha 4 de noviembre de 2016 –Magistrada María Teresa Carrasco Montoro-, en un Juzgado de Badajoz.

La Empresa solicitó la devolución de los cobrado por cláusula suelo y, el Juzgado ha resuelto que la cláusula suelo, contenida en el contrato de préstamo, con garantía hipotecaria, contraído por una empresa con Caja Rural de Jaén, resulta nula porque no cumple el requisito de control de inclusión y es contraria al principio de buena fe.

El préstamo hipotecario lo solicitó la empresa para un solar edificable de su propiedad. Querían construir una nave industrial para realizar su actividad.

La entidad bancaria alegó que la cláusula suelo fue negociada con la empresa, sin embargo no lo pudo acreditar en juicio.

En este caso, se ha tenido en cuenta el principio general de la buena fe, que se mide en función de lo que se regula en los artículos 5.5 y 7 de la Ley de condiciones generales de la contratación que determinan las siguientes exigencias:

-          El control de inclusión de las condiciones generales de contratación.

-          La redacción clara y sencilla de las cláusulas de tal modo que no resulten ambiguas, ilegibles, oscuras o incomprensibles.

 La sentencia determina que la cláusula es enrevesada y no expresa con claridad que no se contrata a "un tipo de interés variable, sino a un interés a tipo fijo mínimo y variable al alza con un techo" y declara nula la misma por no superar el control de inclusión al ser contraria al principio de la buena fe, originando un desequilibrio de derechos y obligaciones entre las partes del contrato de préstamo al establecer un tipo suelo del 4% y un techo del 16%.

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