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La protección de los menores en situación de desamparo

En el artículo 172 del Código Civil se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

Actualmente, en España, se dan muchos supuestos en los que las propias familias solicitan ayuda a la Comunidad Autónoma del territorio en el que residen por no poder atender a sus hijos.

En otras ocasiones, la situación de desamparo de los menores, se pone en conocimiento de la Administración Pública, a través de los  Ayuntamientos, colegios o cualquier otra institución, cuando observan que los menores no están bien atendidos, sufren maltrato, abusos, agresiones o se da cualquier otra circunstancia.

¿Qué sucede cuando la Administración Pública comprueba la situación de desamparo de un menor?

a) Se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que ordenó la tutela ordinaria de un menor.

b) Se dicta una resolución administrativa en la que se declara la situación de desamparo.

c) Se notifica a los progenitores, a los tutores o guardadores, y al menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de 12 años.

d) La Entidad Pública asume la tutela que lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. Sin embargo, los actos patrimoniales que realicen los progenitores en beneficio del menor son válidos.

e) En supuestos graves, el Ministerio Fiscal puede promover la privación de la patria potestad o de la tutela.

¿Se puede recurrir la resolución dictada que declara la situación de desamparo?

La resolución administrativa dictada previamente se puede recurrir durante los dos años siguientes por los propios progenitores o tutores para que se levante la suspensión de la patria potestad o de la tutela, según el caso.

Los motivos para recurrir y revocar la resolución deberán acreditar el cambio de situación de desamparo y que se encuentran en condiciones favorables para asumir de nuevo la patria potestad o la tutela.

También durante el plazo de dos años se puede recurrir cualquier otra decisión que se adopte con respecto a los menores.

¿Qué ocurre si pasado el plazo de los dos años no hemos recurrido?

Los progenitores o tutores pueden aportar pruebas o informes favorables pero únicamente será el Ministerio Fiscal el que está legitimado para oponerse a la Administración Pública.

La Administración Pública durante el plazo de los dos años puede adoptar cualquier medida de protección, incluida la adopción, si existe inviabilidad del retorno del menor a su familia de origen. Si observara que es lo mejor para el menor, podrá revocar la situación de desamparo para que este retorne con su familia.

En todo caso, la Administración Pública cesa en su tutela cuando se compruebe   que el menor ha retornado a su país de origen o cuando el menor ha sido trasladado a otra Comunidad Autónoma que hubiera asumido la situación de desamparo o que hubiera entendido que procede su revocación o cuando transcurridos 6 meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, se encontrara en paradero desconocido.  

¿Qué sucede cuando es la propia familia la que pide ayuda a la Administración Pública?

Cuando son los mismos progenitores los que piden ayuda a la Administración Pública por no poder cuidar de sus hijos:

a) La entrega voluntaria se formaliza por escrito.

b) La Entidad Pública asume la guarda del menor durante el tiempo necesario que no podrá superar los dos años, salvo supuestos excepcionales, y está obligada a dictar una resolución administrativa fundamentada.

c) La resolución administrativa se tiene que poner en conocimiento de los progenitores o tutores y del Ministerio Fiscal.

b) Transcurrido el plazo o la prórroga, los menores deberán regresar con sus progenitores o tutores, salvo excepciones motivadas.

La resolución administrativa de la Administración Pública se puede recurrir en todo caso, sobre todo si transcurrido el plazo el Ente Público no se pronuncia sobre la situación de los menores.

Lo habitual será que el menor retorne a su familia de origen a través de lo que se denomina el acogimiento familiar, que generalmente predomina sobre cualquier otra medida por ser beneficioso para el desarrollo del menor en su familia de origen, incluida la familia extensa (abuelos, tíos…)

El acogimiento familiar se regula en nuestro Código Civil. Del mismo hablaremos en breve para que las familias puedan conocer cuáles son sus derechos y obligaciones, siempre en beneficio de los menores.

Te ayudamos.

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